Un tema recurrente en los medios de comunicación de nuestro país es el pobre estado de la red vial, a menudo atribuidos a fallas técnicas, negligencia o corrupción por parte de las empresas constructoras en colusión con las entidades públicas.
No cabe duda que algunas o todas esas falencias pueden estar presentes en diversos casos, pero resulta importante que la prensa deslinde las responsabilidades en cada situación, y a la vez ayude a distinguir entre las empresas que cumplen a cabalidad con sus compromisos y aquellas que no lo hacen, por diversos motivos.
Y entre estas últimas, se debería discernir cuáles son las razones que conducen al incumplimiento, si ellas son atinentes a las empresas o atribuibles a las instituciones contratantes, o incluso a la ley vigente de Contrataciones Públicas.
Resalta, por ejemplo, la obligatoriedad de adjudicar una obra – lo mismo que bienes o servicios, en otras categorías de contratos – al precio menor ofertado, sin que entren a tallar, de modo decisivo, la experiencia y los antecedentes del oferente, mediante trayectorias que pueden haber sido adquiridos a lo largo de años o décadas.
No se suelen mencionar tampoco las demoras o deficiencias atribuibles a proyectos mal realizados, o incluso a las exigencias y plazos administrativos que ponen a prueba la resistencia de las empresas y su capacidad financiera de soportar atrasos en el desembolso de los pagos.
En las obras viales, pero también en otros emprendimientos de infraestructura, se imputa a deficiencias constructivas el temprano deterioro de las mismas, dejando de lado el hecho de que toda obra exige un adecuado mantenimiento desde el mismo instante de su conclusión, de forma permanente y sistemática. Acertadamente, esta previsión se incluye en los proyectos de Alianza Público-Privada, porque está en el interés de las propias empresas mantener actualizado el valor de su inversión, pero una mala concepción del rol del Estado hace que esta práctica se haya ignorado casi siempre en las obras encaradas por el sector público, sea una carretera, una escuela o un hospital.
Como resultado de adjudicaciones que generaron escándalo en la opinión pública, la Dirección de Contrataciones Públicas anuncia ahora reformas a la ley que la rige, de modo a establecer criterios de evaluación de ofertas que no se limiten al precio. Cavialpa confía que, en ese sentido, se tomen en cuenta los antecedentes de las firmas oferentes, su solvencia técnica y financiera y el cumplimiento de compromisos anteriormente asumidos.
Ing. Guillermo Mas Metz – Presidente
Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA)
