Con preocupación venimos observando un mayor distanciamiento entre las diferentes entidades responsables de ejecutar obras públicas y nuestro gremio. Esto que en un principio parecía ser solo una cuestión con nuestro sector hoy está evidentemente generalizado hacia otros sectores del quehacer económico.
Los gremios somos, desde luego, parte interesada. Pero ello no nos descalifica. Por el contrario, debiera permitirnos ser escuchados y considerados debido a que, finalmente, apuntalaremos toda gestión que privilegie la ejecución correcta, y justa y, otorgue oportunidades en un marco de equidad y respeto hacia las empresas constructoras grandes, medianas y pequeñas. Este distanciamiento de diversas Instituciones del estado, viene, lamentablemente, acompañado de una baja ejecución presupuestaria del 2014 y lo que va del 2015.
El presupuesto general de gastos de la nación elaborado por el gobierno se supone es fruto de una planificación basada en los recursos financieros disponibles de préstamos, por los cuales se abonan intereses, y expectativas de recaudación impositiva para un periodo de tiempo, por un lado, y por otro de los diferentes rubros de gastos e inversión que hacen al funcionamiento del estado y a la ejecución de su política económica. A partir de este presupuesto se programan, en el caso de los constructores, las diferentes inversiones y estudio de costos para participar y/o ejecutar obras previéndose a su vez los pagos a otros subsectores, dinamizando en el proceso toda la economía nacional. Es por ello que, cuando por falta de gestión, gerenciamiento, ineficiencia o desidia de las instituciones comitentes se atrasan o dejan de ejecutarse estos proyectos de inversión, se ve afectada toda la cadena productiva incluyendo el componente más débil, el pago de la mano de obra menos calificada.
Los llamados están orientados a obras grandes y a empresas extranjeras en la mayoría de los casos permitiéndose en el mejor escenario la incorporación de unas pocas empresas paraguayas. Las convocatorias para empresas emergentes, medianas y pequeñas fueron y son las menos y cuando hubieron, se plantearon pliegos que no guardaban relación con la importancia y características de las obras y/o su plazo. He ahí los casos de ESSAP, ANDE y MOPC.
La falta de anuncio del plan de ejecución y (y aquí no nos referimos a las grandes obras), de reglas claras en la formulación de las exigencias de los pliegos y en el criterio de selección de las empresas limita la inversión privada y la formación de agentes humanos. Y lo decimos y diremos hasta el cansancio: el desarrollo no será sostenible si nó incorporamos al país tecnología = gente con know how y equipos.
Actualmente el crecimiento del sector construcción esta apuntalado en gran parte por los numerosos proyectos encarados por el sector privado con la construcción de edificios de apartamentos, corporativos, viviendas unifamiliares etc., lo que evidentemente ayuda pero no suple el bajón que registra la inversión del estado en el sector. Este punto se ve agravado ya que el Congreso, después de un año de vigencia de la Ley de Asociación Público Privada – APP, pretende modificar uno de sus artículos de manera a que los proyectos pasen por el Senado, lo que por un lado atrasara considerablemente las aprobaciones y por otro, envía a los potenciales inversores una señal de inseguridad ya que un importante aspecto de las reglas de juego se modificaría por cuestiones netamente políticas.
Apelamos a las autoridades del ejecutivo para demostrar una mayor eficiencia en la gestión de los contratos de obras públicas y a la clase política a actuar con visión de País a la hora de elaborar o modificar las leyes para beneficio de la ciudadanía que se encuentra pendiente y esperanzada en un crecimiento económico sostenible.
Ing. Jorge Moreno – Presidente
CAPACO
