Consideramos necesario un marco legal que fomente y regule las inversiones privadas en la ejecución de obras y explotación de servicios públicos, siempre y cuando en el proceso se asegure la libre competencia y que el componente financiero, fundamental por cierto, no sea un impedimento que repercuta e interfiera con el crecimiento, desarrollo técnico y financiero de las empresas nacionales. La necesidad de dar un salto cuantitativo en términos de crecimiento de infraestructura a través de la captación de recursos del sector privado, es innegable, pero no debe hacerse a costa del debilitamiento de las empresas nacionales que son el tejido de la economía y las herramientas de aplicación de la política económica de cualquier País por lo que se impone un análisis serio que verifique los costos de obras con financiamiento incluido versus el retorno de la inversión y el precio final que debe ser pagado por la misma. Cuando las empresas nacionales tuvieron la oportunidad de participar de proyectos de envergadura que por esos tiempos excedían a sus capacidades y experiencias, siempre estuvieron a la altura de los desafíos y cumplieron a cabalidad con sus contratos como en caso de Itaipú y Yacyretá. Para que ello ocurra podemos decir que una firme decisión política fue fundamental y determinante. Sin embargo y como contracara las veces que empresas extranjeras vinieron al País, detrás de importantes proyectos de infraestructura los resultados casi siempre, fueron nefastos como el caso de EACSA (Argentina) que en la obra Concepción – Cuero Fresco abandonó la misma; ANDRADE GUTIERREZ, (Brasileña) abandonó la obra San Ignacio – Pilar; SAOPIN (Venezolana) abandonó la obra del asfaltado de la Ruta IX; COTERRA (Brasileña) quien también abandonó el tramo de la Obra Oviedo – Caaguazú, entre otras.
El Paraguay nunca fue un país proteccionista y sin ánimo revanchista y conscientes de la necesidad de las inversiones extranjeras para ampliar la infraestructura nacional, no debemos olvidar la absoluta falta de reciprocidad de los países miembros del MERCOSUR quienes jamás han permitido que las empresas paraguayas, incluso con licitaciones ganadas, hayan podido ejecutar sus contratos por las múltiples trabas impuestas por lo que se impone que se arbitren mecanismos que aseguren la participación de empresas nacionales y si el caso permite, la transferencia de know-How.
El tema de la Ley de Alianza Público Privada es IMPORTANTE, sin embargo, no debemos olvidar un problema de carácter URGENTE cual es la difícil situación por la que atraviesan HOY las empresas Contratistas del estado por la falta de pago de Certificados de Obras y, hasta la fecha no se percibe una solución consistente ya que solo se abona en parte lo prometido, que es solo un porcentaje de la deuda, ni se sabe cómo se cancelara el saldo, al tiempo que siguen sumándose certificados por obras e incrementándose la morosidad. Es imperioso que se cancelen los pagos por obras ejecutadas hasta el mes de noviembre inclusive, ya que es sabido que entre los meses de enero a marzo, los desembolsos están supeditados a la aprobación del Plan financiero. Ante esta incertidumbre, el dilema del contratista es si utiliza los escasos recursos que espera percibir en aplicar a sus obras o directamente en cancelar parte de las cuantiosas deudas que ha contraído y que hoy amenazan su existencia empresarial.
Indudablemente lo URGENTE debe ser solucionado para encarar con firmeza lo IMPORTANTE.
Ing. Jorge Moreno – Presidente
Cámara Paraguaya de la Construcción
