Nº 134 – La obra pública sin costos adicionales

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El título nos invita a pensar irremediablemente, que eso es imposible en nuestro país. Y no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica, en particular, a la luz de todas las protestas desatadas en el Brasil en ocasión de la reciente Copa Mundial de Futbol, entre otros tantos motivos, a causa los sobrecostos originados en la construcción de sus estadios, reflejados en forma muy elocuente por todos los medios de prensa.

Ahora bien, aterricemos a la realidad que nos toca vivir día a día en nuestro país. Estamos hasta si se quiere acostumbrados a desayunarnos con grandes titulares de primera plana, en los principales periódicos, donde nos dicen que un empedrado, una ruta, un puente o un hospital que tenía que costar 100, el estado terminó pagando 200. Y el mismo titular, en letras negras y entrecomillas, irremediablemente condena al constructor de la obra en cuestión. Sin embargo son muy pocas las ocasiones en donde se le da siquiera igual destaque a la empresa o departamento técnico de la dependencia estatal que fue responsable de elaborar el proyecto.

El proyecto ejecutivo de una obra, debería ser el fruto de un trabajo de alto profesionalismo y debería haber pasado por un análisis tan, pero tan exhaustivo, que una vez que se definan los aspectos técnicos de los mismos, sea imposible que, en el momento de la ejecución, la empresa contratista encargada de realizar los trabajos se encuentre con situaciones que obliguen a un cambio de proyecto, con su correspondiente sobrecosto.

Para ello se debería asegurar que toda la normativa y/o bibliografía de referencia en el área en cuestión no sea de una antigüedad mayor a 10 años.

Simplemente por dar un ejemplo, es inaceptable que, en el caso del diseño de estructuras de hormigón armado, se presenten cálculos realizados en base a la norma española del año 1988, sabiendo que desde esa época hasta el momento ya fueron emitidas tres versiones nuevas (las normas de los años 1991, 1999 y la vigente del 2008).

Es importante que en la etapa de proyecto, se realicen los estudios necesarios, para cubrir todos los aspectos del mismo en lugar de que el encargado de construir la obra, una vez adjudicada, deba a realizar los estudios correspondientes, que luego generan modificaciones del proyecto y sobrecostos. Esto no ocurriría si los estudios se realizaran ya en la etapa de proyecto.

El papel del estado en esta situación es crucial, pues muchas veces, presionados por cuestiones de ejecución presupuestaria, se lanzan licitaciones que de antemano se sabe que necesitarán ajustes, por haber quedado el proyecto ejecutivo a un nivel de «pre-proyecto» y con ello se deberá iniciar la obra.

Debería ser la obligación de quienes realizan un trabajo para el diseño de la obra pública, que será pagada por todos los paraguayos, brindar el mejor proyecto, en correspondencia con la técnica constructiva disponible y realizable, con el propósito final de obtener una obra durable y sin sobrecostos y, en el caso de que esto no ocurriese, generar mecanismos para que los responsables del proyecto sean los responsables de las modificaciones originadas por las deficiencias del mismo.

Ing. Sergio Gavilán